¿Qué está pasando con las emisoras de radio en Anzoátegui?
En los últimos años, varias emisoras de radio en el estado Anzoátegui han sido cerradas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el organismo encargado de regular el espectro radioeléctrico en Venezuela. Estos cierres han afectado la libertad de expresión y el derecho a la información de los ciudadanos, especialmente en el municipio Simón Rodríguez.
Una de las emisoras afectadas fue Mariana 100.7 FM, donde el exalcalde del municipio Simón Rodríguez, Ernesto Paraqueima, transmitía su programa Paraqueima de 6:00 a 8:00 de la mañana. Según el portal lapatilla.com, Conatel suspendió funciones e incautó equipos de la estación el 30 de octubre de 2022, sin dar mayores explicaciones.
Paraqueima es un político opositor que ha denunciado actos de corrupción y malversación de fondos públicos por parte del actual alcalde Ernesto Raydan y del diputado José Brito, ambos del partido Primero Justicia. Paraqueima fue detenido el 28 de octubre de 2022 por funcionarios del Servicio Especial de Inteligencia Nacional Bolivariana (Sebin), acusado de instigación al odio y traición a la patria.
El cierre de Mariana 100.7 FM no fue el único caso en El Tigre. Otras emisoras que han sido sacadas del aire por Conatel son Eco 92.1 FM, Activa 89.3 FM, Máxima 97.1 FM y Metrópolis 88.3 FM. En todos estos casos, los funcionarios se llevaron los equipos y documentos de las radios, sin ofrecer una justificación legal o técnica.
Estas acciones violan el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información que tienen los venezolanos, consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales. Además, atentan contra la pluralidad y la diversidad de voces en el espacio público, al silenciar a medios que ofrecen una visión crítica y alternativa a la oficialista.
Los medios de comunicación son fundamentales para la democracia y el desarrollo social. Por eso, es necesario que se respete su autonomía e independencia, y que se garantice su funcionamiento sin restricciones arbitrarias o ilegales. Los ciudadanos tienen derecho a estar informados y a expresar sus opiniones libremente.